De cómo REDD maquilla de verde las actividades de la minería de carbón de Glencore en Colombia

Por Chris Lang, REDD-Monitor, publicado en inglés el 21 de enero de 2021

“He conversado mucho con nuestros familiares que viven en los bosques amazónicos, a los que ellos llaman los ‘bosques vivos’. La relación dentro de esos bosques es profunda, profunda y espiritual, con expresiones de deberes y de la responsabilidad de proteger el carácter sagrado de la sagrada Mujer Guardiana del Bosque. Me dicen que no necesitan dinero para manejar sus bosques. Todo lo que piden es que se les reconozcan sus derechos, tener títulos de propiedad sobre sus tierras y que los dejen solos.

“Cuando explico qué es REDD+, muchos me han dicho que no quieren que haya grupos que entren en sus bosques ofreciendo comprar e intercambiar el aire de carbono de sus árboles. Dicen que el cielo y sus árboles no están en venta. Si los capitalistas y las industrias extractivas mundiales realmente quisieran frenar el cambio climático, concentrarían sus esfuerzos en parar la extracción y ocuparse de los agentes a gran escala de la deforestación.

“Ésta es otra estrategia colonialista para tomar el control de las tierras de los Pueblos Indígenas y vender créditos a las industrias extractivas para que puedan contaminar más, mientras ganan dinero con los mercados financiarizados a expensas de la supervivencia de los Pueblos Indígenas”.

Ése es Tom Goldtooth, Director Ejecutivo de la Red Ambiental Indígena (IEN, por su sigla en inglés), en una entrevista realizada en 2020 por Tamra L. Gilbertson, de la Universidad de Tennessee. Es una visión diametralmente opuesta a la estrategia neoliberal del comercio de carbono a través de REDD, que maquilla de verde la continuada extracción de combustibles fósiles.

Gilbertson cita a Goldtooth en un documento reciente publicado en el Community Development Journal, titulado “Financialization of nature and climate change policy: implications for mining-impacted Afro-Colombian communities” (La financiarización de la naturaleza y la política sobre el cambio climático: consecuencias para las comunidades afrocolombianas afectadas por la minería).

En el documento, Gilbertson analiza el proceso de financiarización de la naturaleza desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo –celebrada en 1992 en Río de Janeiro–, luego el Protocolo de Kioto y el Mecanismo de Desarrollo Limpio, la introducción de REDD en 2005, el Acuerdo de París de 2015 y el estancamiento sobre el comercio de carbono en el Artículo 6, hasta la postergada COP26 a celebrarse en Glasgow, donde el Artículo 6 volverá a ser objeto de negociación.

Gilbertson analiza en detalle la fijación del precio del carbono en Colombia para fundamentar su argumento de que “La financiarización requiere que el estado intervenga y establezca los marcos legales, contrariamente a lo que afirman los defensores del mercado libre”.

La fijación del precio del carbono en Colombia

Gilbertson describe una serie de medidas que promueven la fijación del precio y el comercio del carbono, que Colombia ha implementado desde 2015:

• La Ley 1753 (2015) crea un Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero e incluye REDD+ dentro de la regulación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
• La ley de reforma tributaria de Colombia (2016) incluye un impuesto al carbono sobre la gasolina, el queroseno, el combustible para aviones, el diésel y el fuel oil, pero no sobre el carbón. Los usuarios industriales de gas natural también están sujetos a impuestos. El impuesto se fijó en 5,5 dólares por tonelada de CO2e y aumentará cada año hasta alcanzar los 11 dólares.
• El primer mercado voluntario de intercambio de carbono de Colombia fue iniciado en 2016, con la venta de créditos de carbono y pagos por servicios ambientales.
• En 2017, Colombia se unió a la Coalición de Liderazgo para la Fijación del Precio del Carbono, del Banco Mundial, con el objetivo de vincular a los países desarrollados y en desarrollo en los mercados de carbono.
• El Decreto 926 (2017) modificó la ley del impuesto al carbono de 2016 e incluyó una disposición para la compensación de carbono. Las compensaciones de carbono deben generarse desde el 1 de enero de 2010 y estar dentro de Colombia. Las empresas pueden recibir una exoneración fiscal (denominada “no causación del impuesto”) si compran compensaciones de carbono. El programa colombiano de impuesto al carbono fomentó el incremento de proyectos REDD.
• La Ley 1931 (2018) es la Ley de Gestión del Cambio Climático de Colombia. La ley vincula el comercio de carbono, los impuestos al carbono y los sistemas de compensación de carbono, al permitir que se paguen unidades de una tonelada de CO2e dentro del mecanismo de compensación del impuesto al carbono.

En 2018, la Asociación Internacional del Comercio de Emisiones (IETA, por su sigla en inglés) y la Asociación de Mercados e Inversión en el Clima (CMIA, por su sigla en inglés) premiaron al gobierno de Colombia con el “Premio al Líder en la Fijación de Precios del Carbono”.

Pero no fue solo el gobierno. La industria minera de Colombia participó directamente en la negociación de la legislación colombiana sobre impuestos al carbono. Un representante de la empresa minera Prodeco, subsidiaria del gigante minero anglo-suizo Glencore, le dijo a Gilbertson que,

Aquí, el impuesto al carbono se inició en 2016 y comenzó a implementarse en 2017. Esta oportunidad –verdaderamente, llamémosla así– surgió de nosotros. . . participamos en todo lo relacionado con el surgimiento y discusión de esta legislación. Consultamos desde el nacimiento de toda esta legislación. En realidad, era un tema que para la industria minera en Colombia resultaba relativamente nuevo. Nos llevó un tiempo entenderlo y finalmente lo hicimos a través de aliados como Conservación Internacional, porque ya tenemos varios proyectos con ellos.

Las actividades de la minería de carbón de Glencore en Colombia

Glencore, a través de su subsidiaria Prodeco, explota dos enormes minas de carbón a cielo abierto en el Departamento del Cesar. El carbón se transporta por ferrocarril desde Cesar hasta los puertos cercanos de Santa Marta. Aproximadamente el 95% del carbón es para exportación, de lo cual aproximadamente la mitad tiene como destino Europa.

El impacto de las minas es devastador. Gilbertson escribe que,

Casi todo el bosque intacto de Cesar cerca de las minas fue destruido, los acuíferos subterráneos quedaron dañados permanentemente por las profundas canteras de las minas, los ríos fueron desviados de manera que ya no llegan a las comunidades y existen peligrosos niveles de contaminación del aire y del agua, y como resultante, hay inseguridad alimentaria.

Las comunidades afrocolombianas viven cerca de las minas de carbón a cielo abierto. Una mujer afrocolombiana le dijo a Gilbertson:

El agua que consumimos sale de nuestros pozos. Mira el estado del río Peraluz. Es un río donde hacíamos de todo. Éste es nuestro territorio. El ambiente lo es todo para nosotros, es nuestro hogar, nuestra pasión política, nuestra vida, es todo. Hoy, no podemos disfrutar de esto porque dañaron todo.

En agosto de 2020, London Mining Network informó sobre una carta abierta de seis comunidades del Pueblo Indígena Yukpa dirigida a las autoridades colombianas, incluido el Fiscal General. Las comunidades Yukpa solicitaron a las autoridades el cumplimiento de los acuerdos previos, diversas medidas de protección y la aplicación de las sentencias dictadas a su favor.

En el primer año de la presidencia de Iván Duque Márquez, 42 niños indígenas Yupka murieron por desnutrición provocada por problemas ambientales y pérdida de territorio, escribe el London Mining Network. Las comunidades Yukpa no pueden pescar en sus ríos, perdieron terrenos de caza y territorio, todo debido a las actividades de extracción de carbón en Cesar.

USAID y BioREDD+

Estados Unidos estuvo muy involucrado en el maquillaje verde de las actividades de la minería de carbón de Prodeco. Cuando Prodeco quiso comprar créditos de carbono, escribe Gilbertson, Conservación Internacional alentó a la empresa a ponerse en contacto con USAID para comprar créditos REDD.

Desde septiembre de 2011 hasta mayo de 2015, USAID ejecutó en Colombia un programa de 32 millones de dólares llamado BioREDD+. El programa estableció una serie de proyectos REDD, en colaboración con una organización colombiana llamada Fondo Acción (Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez). Fondo Acción no es una ONG cualquiera. Fue creado en 2000 para actuar como fondo fiduciario de la Iniciativa para las Américas (Enterprise for the Americas Initiative), lanzada en 1990 por el presidente de los Estados Unidos George H. W. Bush, con el objetivo de crear una zona de libre comercio que se extendiera desde “el puerto de Anchorage hasta la Tierra del Fuego”. También parte de la Iniciativa fue la reducción de la deuda externa a cambio de la conservación de la naturaleza.

En 2004, el gobierno de Estados Unidos firmó un acuerdo de deuda por naturaleza con Colombia. El acuerdo también fue firmado por The Nature Conservancy, Conservación Internacional y Fondo Mundial para la Naturaleza (World Wildlife Fund) y creó el Acuerdo para la Conservación de Bosques Tropicales de Colombia (TFCA, por su sigla en inglés). Fondo Acción fue el administrador de TFCA.

En abril de 2018, Prodeco firmó un acuerdo de tres años para comprar 40.000 créditos de carbono de los proyectos REDD+ de comunidades del Pacífico, del Fondo Acción. Al año siguiente Prodeco compró 1,2 millones de créditos de carbono de proyectos REDD+ de comunidades del Pacífico.

Prodeco publicó un comunicado de prensa con el titular: “Compraremos más créditos de carbono para mitigar el cambio climático”.

Gilbertson escribe que las comunidades se mostraron reacias a vender créditos REDD a una empresa multinacional del carbón. Fondo Acción intercedió en nombre de Prodeco, diciéndoles a las comunidades que Prodeco es una “empresa responsable”.

Prodeco redujo su impuesto al carbono en dos tercios mediante la compra de créditos REDD y maquilló de verde sus destructivas actividades de minería de carbón. “Con el impulso de REDD+”, escribe Gilbertson, “se seguirá extrayendo carbón. Las comunidades afrocolombianas cercanas a las minas seguirán sufriendo graves impactos en la salud, despojo, escasez de agua y contaminación, así como la pérdida de sus derechos culturales y étnicos”.

Gilbertson concluye que,

Con los sistemas de fijación de precios del carbono, el meollo del problema sigue siendo que no se dejan los combustibles fósiles en el subsuelo y no se reducen las emisiones globales al ritmo necesario para frenar el cambio climático.

Esta publicación es parte de una serie de artículos de REDD-Monitor que analizan REDD y la injusticia ambiental en la Amazonía andina.

Traducción del original en inglés de Raquel Núñez Mutter, raquel.nunez.mutter@gmail.com