“El gobierno peruano se resiste a cumplir con sus obligaciones legales de titular las tierras indígenas”: Entrevista a Tom Younger, Forest Peoples Programme (parte 2)

Por Chris Lang, REDD-Monitor, publicado en inglés el 25 de junio de 2021

Entrevista a Tom Younger, Coordinador del Programa de Perú y Asesor de Políticas del Forest Peoples Programme. La entrevista se realizó en línea en mayo de 2021. Es una entrevista larga, dividida en cuatro secciones; aquí está la parte 1:

REDD-Monitor: En 2018, AIDESEP y Forest Peoples Programme publicaron un informe titulado “Carrera de resistencia, no de velocidad: El papel del financiamiento climático internacional para asegurar los derechos territoriales indígenas en Perú”. ¿Puedes contarnos cuáles fueron los principales obstáculos para asegurar los derechos de los pueblos indígenas sobre su territorio en el Perú?

Tom Younger: Hablé de las amenazas directas a los derechos colectivos y a los territorios de los Pueblos Indígenas en Perú, pero luego están las causas estructurales indirectas de estas amenazas.

Éstas tienen que ver con el incumplimiento por parte del Estado peruano de asegurar los territorios indígenas y la forma en que el Estado peruano asigna las tierras. Por ejemplo, el gobierno otorga concesiones, ya sea para la tala de árboles o para actividades extractivas de petróleo y gas, sin respetar los derechos territoriales y sin el consentimiento de los Pueblos Indígenas.

Luego están los incentivos económicos y el financiamiento internacional que fluyen hacia estas industrias mucho más destructivas, de alto impacto y dañinas.

Y existe una impunidad generalizada de quienes son responsables de las violaciones de derechos y de las dificultades que enfrentan las comunidades que tratan de combatir las injusticias y los sistemas impuestos de conservación, infraestructura y producción de commodities. Se da una situación francamente disparatada de que como la ley peruana considera que los bosques son patrimonio de la nación, cuando hay deforestación ilegal es el Estado el agraviado y no las comunidades locales quienes son las verdaderas dueñas de sus bosques ancestrales.

Entonces, cuando presentan denuncias sobre deforestación y delitos ambientales, los Pueblos Indígenas y las comunidades locales quedan inmediatamente desempoderados en el proceso. No se les permite participar directamente en las investigaciones porque hasta donde lo considera el marco legal existente, no han sido perjudicados por lo sucedido, porque bajo la ley nacional el bosque se considera propiedad del Estado ¡no de las comunidades y de sus dueños consuetudinarios! Eso simplemente no tiene ningún sentido y es contradictorio con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos asumidas por Perú.

Y, de hecho, hace que sea realmente difícil para las comunidades acceder a la justicia, porque con la velocidad con la que ocurren estos delitos ambientales, la población local debería estar empoderada para actuar. Pero en este caso se les impide hacerlo.

Lo cual también está ligado al tema de la corrupción, otro gran problema.

REDD-Monitor: ¿Puedes hablar un poco más sobre la corrupción, vinculada a la tala ilegal, por ejemplo?

Tom Younger: Cuando se trata de la titulación de tierras indígenas, son los gobiernos regionales de la Amazonía los que tienen la responsabilidad de eso. Dentro de esos gobiernos regionales están las Agencias Agrarias.

Ucayali es una de las regiones más grandes de la Amazonía peruana. El ex director de la Agencia Agraria, Isaac Huamán, estuvo en esa posición tan influyente y poderosa durante varios años. Huamán no solo saboteó las demandas de los Pueblos Indígenas por el reconocimiento de sus tierras; de hecho resultó que él era parte de un grupo del crimen organizado que estaba involucrado en el tráfico de tierras.

Excepcionalmente, fue enviado a prisión.

El nexo entre la corrupción estatal y los ataques y asesinatos de líderes indígenas es sistémico, tanto que el pasado mes de octubre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una audiencia especial centrada en este tema.

En promedio, las comunidades indígenas de la Amazonía peruana necesitan más de 20 años para obtener el reconocimiento y la titulación de sus tierras colectivas. En algunas comunidades, la titulación de tierras de al menos parte de sus tierras comenzó en la década de 1970. Lamentablemente, por la discriminación estatal y las deficientes leyes de tierras solo fue titulada una pequeña parte de las tierras tradicionales que han ocupado y que continúan utilizando. A lo largo de los años han tratado de obtener ampliaciones de esos títulos de tierras comunales para asegurar la ampliación total de sus territorios ancestrales, y se enfrentan a toda una serie de obstáculos para hacerlo.

Recientemente, los líderes comunitarios trataron de que una de las Agencias Agrarias avanzara con su reclamo de ampliación de la titulación de tierras y básicamente les dijeron que no pasaría nada a menos que pagaran una coima. Y eso sucede con bastante frecuencia.

Pueden cumplir con todos los requisitos, pero luego hay personas dentro de las Agencias Agrarias que les ponen más obstáculos en el camino. Como si de por sí ya no fuera lo suficientemente difícil.

Obviamente, el gobierno peruano se resiste a cumplir con sus obligaciones legales de titular las tierras indígenas. Han pasado más de 50 años desde que el Estado peruano comenzó a otorgar títulos sobre tierras comunitarias en la Amazonía y todavía hay más de 20 millones de hectáreas de territorios indígenas que permanecen sin titular, solo para que te hagas una idea de la magnitud del problema.

Una y otra vez se han identificado y señalado las reformas estructurales que se necesitan para los procesos de titulación de tierras, lo ha hecho incluso el propio organismo estatal defensor de los derechos humanos, la Defensoría del Pueblo, en 2014 y nuevamente en 2018. El propio Estado peruano se comprometió particularmente en el contexto del financiamiento climático que se remonta a más de una década, a que iba a adaptar su marco legal y sus procedimientos a los estándares internacionales, pero aún no lo ha hecho. Hay grandes compromisos en el papel, pero simplemente no se han materializado.

Estamos en una situación en la que las comunidades han luchado durante más de 20 años para obtener la titulación de sus tierras, mientras que, creo, según las últimas estadísticas del Banco Mundial, es posible adquirir y registrar una propiedad privada en las principales ciudades amazónicas en un plazo de aproximadamente 21 días. Las asimetrías en términos de la privatización de tierras en comparación con el reconocimiento de tierras comunitarias, son alarmantes.

REDD-Monitor: Tengo un pequeño problema con el título del informe, “Carrera de resistencia, no de velocidad”. Correr una carrera de resistencia implica partir y correr (en mi caso muy lentamente) y después de unas horas todo termina. Creo que es una metáfora equivocada. Creo que lo que necesitamos es que los gobiernos corran velozmente. Es necesario que tomen medidas significativas ahora. Urgentemente.

Lo mismo ocurre con las negociaciones de la CMNUCC. 2020 fue una gran fecha límite. Ahora escuchamos que hablan de 2030 o 2050. En realidad, lo que necesitamos escuchar son noticias de que los gobiernos están tomando medidas significativas esta semana.

Tom Younger: Entendí que la metáfora se refería más a la forma en que los Pueblos Indígenas, particularmente en Perú, se han comprometido con los espacios internacionales de formulación de políticas climáticas, en la medida en que ha sido una lucha constante para ellos. En términos de obtener, en primer lugar el reconocimiento y luego el apoyo real en materia de recursos para apoyar sus derechos y territorios colectivos.

Han logrado avances importantes, pero creo que dada la fuerza de los compromisos asumidos, los resultados reales son bastante limitados.

En 2008, Perú se comprometió a reducir la deforestación a cero neto para 2020. Aquí estamos en 2021. No ha sucedido.

REDD-Monitor: Hubo una cantidad de objetivos de ese tipo. Y una cantidad asombrosa de personas estaba contenta con los objetivos, como si hubiéramos estado esperando a que los gobiernos fijaran el objetivo de que ocho años más adelante detendrían la deforestación.

Quizás tenga que cambiar mi opinión sobre la metáfora de la carrera de resistencia. Va a ser un trabajo largo. Éstos son problemas extremadamente complejos que no van a desaparecer de la noche a la mañana con un arreglo técnico y un objetivo del gobierno.

Tom Younger: Y mucho menos con los mecanismos e intervenciones del mercado.

Pero ha habido una demanda constante de los Pueblos Indígenas en cuanto a que deberían recibir mayor financiación directa. En el informe “Carrera de resistencia, no de velocidad”, el debate es que la proporción de fondos que en realidad se destinó directamente a las organizaciones indígenas fue minúscula en comparación con el financiamiento mundial general para el clima y los bosques. Y, sin embargo, tienen un impacto enorme en términos de la cantidad de comunidades que pudieron obtener títulos.

Algunos Pueblos Indígenas están elaborando propuestas, por ejemplo, crear fondos fiduciarios que básicamente les permitirían recibir fondos internacionales que luego podrían administrarse a través de las generaciones para apoyar sus actividades para gobernar, controlar, administrar y monitorear sus territorios. Lo que creo que tiene mucho sentido, porque lo que hemos visto que ocurre con muchos de los fondos climáticos que han ido a Perú es que son supervisados ​​por el Ministerio de Medio Ambiente y otros organismos estatales y, en última instancia, muy, muy poco de ese financiamiento llega a los propios pueblos y comunidades indígenas.

En términos de las negociaciones climáticas, eso es clave. Es el tipo de financiación que deberían brindar gobiernos como el Reino Unido. Pagar nuestra deuda climática.

Esta publicación es parte de una serie de artículos de REDD-Monitor que analizan REDD y la injusticia ambiental en la Amazonía andina.

Traducción del original en inglés de Raquel Núñez Mutter, raquel.nunez.mutter@gmail.com